¿Qué es una obra?

¿Qué es una obra?, dices mientras tachas con boli rojo
en el plan de prevención de una contrata.
¿Qué es una obra? ¿Y tú me lo preguntas?
Una obra… eres tú.

Prevenciones y Leyendas (Anónimo)

 

Tenía yo por entonces 26 años. Era joven, pero ya había enredado bastante con la Ley de Prevención, que apenas llevaba 2 años en vigor.

Aquel año 97 fue especialmente duro para los que nos dedicamos a leer reales decretos en materia de seguridad, por la proliferación de normas de desarrollo de la Ley 31/95. En enero salió el Reglamento de Servicios de Prevención, en abril, de golpe, señalización, lugares de trabajo, manipulación manual de cargas, pantallas de visualización, en mayo EPIs y en julio, el 12-15 de equipos de trabajo… ahí es nada.

Y así estábamos, cuando el 25 de octubre, aniversario del Estatuto de Gernika, nos llegó el BOE del día, entonces solamente en formato papel, y vimos publicado el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción.

Como era precedente por aquellos años, hice una fotocopia para leer y subrayar, pero se quedó sobre la mesa, esperando pacientemente su turno. Al fin y al cabo, pensé, será una norma para el sector de la construcción.

Al día siguiente, la coordinadora de seguridad de una de nuestras fábricas me llamó.

⁃ ¿Has visto el BOE de ayer?
⁃ Sí, ya me he hecho la fotocopia, pero no me digas que ya te la has leído….
⁃ Estoy con ello… ¿has leído la definición de “promotor”?
⁃ Pues… espera que la miro…. “Art. 2.c) Promotor: cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una obra.”… entonces… jopela, cada vez que muevas un ladrillo en la fábrica habría que aplicar el Real Decreto.
⁃ ¿Un ladrillo?… lee un poco más arriba. el 2.a)
⁃ “Art. 2.a) a) Obra de construcción u obra: cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil cuya relación no exhaustiva figura en el anexo I

Y, sin mirar el anexo, pensé “Jo, esta definición va a traer líos”  Para definir “obra” y “de construcción” utiliza las palabras “obra” y “de construcción” y se remite a un anexo que, ya para que vayas preparándote, te avisa de que son solamente ejemplos, que pueden ser esos o pueden ser otros…

Y, si por casualidad, acudes meditabundo y apesadumbrado en busca de respuestas al anexo, es casi peor:

ANEXO I
Relación no exhaustiva de las obras de construcción o de ingeniería civil

a) Excavación.
b) Movimiento de tierras.
c) Construcción.
d) Montaje y desmontaje de elementos prefabricados.
e) Acondicionamiento o instalaciones.
f) Transformación.
g) Rehabilitación.
h) Reparación.
i) Desmantelamiento.
j) Derribo.
k) Mantenimiento.
l) Conservación-Trabajos de pintura y de limpieza.
m) Saneamiento.

Y terminé pensando “pero… ¿qué no es una obra?”

Han pasado 22 años y sigo sin tenerlo claro. Esta misma tarde me ha llamado uno de nuestros jefes de seguridad, un técnico extremadamente capaz y con gran experiencia y me ha planteado lo siguiente:

Pues vamos a desmontar una estructura metálica de un molino antiguo. Lo habrás visto, porque está en la entrada. En principio no prevemos que haya que usar el martillo neumático, pero cortar acero, seguro. La estructura tiene 2m de ancho, por 2 de fondo, por 3,60 m de alto… ¿hay que hacer los trámites de obra o no?

¿Ustedes qué piensan?…. pueden dejarnos su opinión en los comentarios.

Creo que, para la próxima entrada prepararé un test, a ver si entre todos me ayudan a aclararme y, la próxima vez que me llamen, sabré que contestar.

Muchas preguntas y pocas respuestas sobre la Ley de Sostenibilidad Energética de Euskadi

El último día del pasado mes de febrero, el Boletín Oficial del País Vasco publicó la Ley 4/2019 de Sostenibilidad Energética de Euskadi, con la que las instituciones vascas pretenden preparar a la Comunidad Autónoma para la inevitable transición energética que nos espera.

La energía, tema estratégico de AVEQ-KIMIKA, junto con la seguridad o la gestión medioambiental de nuestras empresas, también es, como éstos, una materia competencial de carácter básico en la Constitución Española, es decir, el Estado central puede regular bases de exigencia mínima y las Comunidades Autónomas pueden limitarse a aplicar dichas bases o desarrollar y reforzar sus exigencias con normas propias.

En este caso, partiendo de la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética, el Reino de España, marcando un nuevo hito en el nivel de improvisación en los procesos de trasposición de normativa europea, aprobó en primer lugar una ley sancionadora, sin referencia concreta de qué podía sancionarse, mediante los artículos 81 y 82 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Y así estuvo dos años. Una norma, con rango de ley como es preceptivo, que contiene sanciones para castigar el incumplimiento de obligaciones que todavía no existían.

Hubo que esperar hasta la publicación del Real Decreto 56/2016 para saber qué había que hacer para que no nos sancionaran, pues fue el instrumento que traspuso las obligaciones concretas de la directiva, obvia decir que incumpliendo el plazo marcado por la norma europea.

Ya entonces mandamos circular explicando las obligaciones de las empresas “no-pymes” y, desde antes y todavía hoy, algún financiero me guarda rencor por descubrirle que su empresa no era pyme

Las obligaciones que marcaba el Real Decreto, respecto a la creación por parte de las Comunidades Autónomas de un registro de auditorías energéticas, fueron encauzadas por el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, vamos, el de Industria de toda la vida, a través de su sede electrónica 

Ahora la Comunidad Autónoma de Euskadi da un paso adelante y añade nuevas obligaciones, que también hemos tratado de explicar en otra circular, pero que, como era de esperar, ha provocado un buen montón de preguntas.

En la circular explicamos las dos obligaciones más inmediatas: antes de que acabe el mes de mayo, las empresas afectadas por la norma tienen que autocalificarse respecto a las categorías marcadas por la norma. El Gobierno se ha propuesto habilitar un procedimiento en la misma sede, pero, por si algo saliera mal, hemos añadido a la circular un formato de declaración responsable para cubrir el trámite legal en plazo, en cualquier caso.

La técnica legislativa vuelve a caer en el desorden. ¿Tiene sentido que una ley emitida por un parlamento regule un trámite administrativo tan nimio?… resulta que, si por un casual alguien no estuviera conforme con ese trámite, se vería obligado a recurrir el artículo ante el Tribunal Constitucional. Absurdo.

Más líos: en el artículo 31 vuelve a meterse en harina que sería más propia de un Decreto y dice: 

Artículo 31 Gestión energética.
En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley, los establecimientos industriales a los que esta se refiere deberán comunicar al departamento competente en materia de energía la disponibilidad y aplicación de sistemas de gestión energética mediante un proveedor de servicios energéticos o gestor energético externo, o bien mediante un sistema propio equivalente que garantice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley.

No, la ley no obliga a certificarse de ISO-50.000 en el plazo de un año o a contratar un asesor externo. Entre las definiciones de la propia norma recoge:

Art.4.p – Gestión energética: proceso continuado, constante y planificado que vigila y supervisa el comportamiento energético integral de instalaciones, edificios o equipamientos y que mediante la fijación de ratios e indicadores tiene por objetivo obtener la máxima eficiencia con la mayor eficacia, debiendo apoyarse en herramientas, datos, valores y soluciones reales y tangibles.

Es decir, que, si una empresa realiza auditorías periódicas y gestiona los ratios e indicadores adecuadamente para la mejora, no requiere de más adornos.

A partir de ahí, todas las demás obligaciones necesitan desarrollo reglamentario y no se crean que tenemos una respuesta clara.

¿Qué preguntas nos han hecho?, pues vean ustedes mismos:

“Tengo una duda sobre lo de la Ley 4/2019 y es si para el calculo de tep hay que tener en cuenta el mix eléctrico ya que ahora compramos energía certificada verde…”

Pues habrá que esperar al desarrollo reglamentario, pero hay un principio jurídico que dice: “Donde la ley no distingue, no puede distinguir el que la lee”… me temo que, salvo que se dicte otra cosa, para interpretar el ámbito de la norma, de dónde provenga la energía es indiferente.

 

“Art. 34 Eliminación de Hidrocarburos líquidos, ¿este artículo también se refiere a la eliminación del gasóleo de carretillas?”

Pues habrá que esperar al desarrollo reglamentario, pero, siguiendo por analogía la lógica de los seguros, las carretillas que no salen de nuestras instalaciones, que no tienen matrícula y que quedan cubiertas por la póliza de responsabilidad civil general de la fábrica, son parte de su actividad. Las carretillas que pueden salir a vía pública, matriculadas y que tienen su propia póliza de seguros como vehículo, tendrán que seguir las pautas y plazos del capítulo de movilidad.

De todos modos, teniendo en cuenta la Directiva 2019/130/UE  yo iría pensando en dar una vuelta al uso de carretillas diésel en pabellones cerrados. En algunas fábricas eso implica un replanteamiento de la logística muy importante, dada las diferencias de capacidad y potencia, pero…

“En cuanto al artículo 31, disponer de sistemas de gestión energética, ¿se refiere a la ISO 50001?”

Pues… ¿qué voy a decir? Habrá que esperar al desarrollo reglamentario, pero, como he dicho arriba, creo que no… al menos, no necesariamente.

“A qué se refiere con un sistema propio equivalente que garantice el cumplimiento de las obligaciones o un proveedor de servicios energéticos o gestor energético externo.”

Pues… ¿saben qué?: habrá que esperar al desarrollo reglamentario, porque no termino de entenderlo del todo…. pero en el artículo 4.q, se define:

Gestor energético: profesional técnico, empresa instaladora o empresa de ingeniería o diseño, que, combinando una formación multidisciplinar en todas las disciplinas energéticas y tecnológicas, aplica en sus proyectos, servicios o instalaciones, criterios de eficiencia energética y que integra dentro de sus servicios y filosofía un asesoramiento independiente e integral.

…. ¿Se refiere a los “proveedores de servicios energéticos y auditores energéticos” que regula el capítulo III del Real Decreto 56/2016?… pues se le parece mucho… pero, si se refiere a la misma figura y dado que la Ley vasca no establece condiciones tan precisas como el Real Decreto, ni anuncia un desarrollo reglamentario al efecto y, es más, da un plazo tan corto para indicar si se está trabajando con un gestor/proveedor, con lo cual, lo más lógico es que se esté refiriendo a dichas entidades ya reguladas por la norma estatal…. ¿por qué utiliza un término diferente?

En todo caso, la norma ofrece alternativas, por eso incluye la conjunción disyuntiva “o” y se podrá decidir si queremos contratar con un “Gestor Energético Externo” o tener “un sistema propio”.

“En el RD 56/2016 se hace referencia a “grandes empresas” y se excluye a las microempresas, por lo que no queda claro cuáles son las responsabilidades que nos competen, por ejemplo, ¿tenemos que pasar auditoría cada 4 años?”

El RD 56/2016 afecta a empresas no-pymes en sentido europeo: menos de 250 trabajadores, volumen de negocio inferior a 50 millones de euros, y un balance inferior a 43 millones…. Pero hay que sumar todo el grupo de empresas, con interrelación y capacidad de control entre ellas, de toda la Unión Europea. 

“Según el pto. 2.: APLICACIÓN de esta Ley 4/2019, deben concurrir las dos condiciones que se detallan.
En la primera estamos dentro, como industria manufacturera según el CNAE.
En el segundo, después de recopilar los datos de consumo energético, incluyendo consumo directo de electricidad y transformación en KWH de consumo de gasóleo y propano, el promedio de los 3 últimos años es inferior a lo que marca: 5.815.000 kw*h/ año
Por tanto, no nos aplicarían los puntos solicitados en la ley 4/2019. ¿Es correcto?”
(La empresa nos manda nuestra propia circular escaneada con anotaciones).

Pues no puedo yo valorar si los cálculos son correctos, pero la norma es clara. Cuando dice “concurran” las dos condiciones, quiere decir que, si una de ellas no se cumple, la aplicación de la norma se descarta. De todos modos, el RD56/2016 tiene un ámbito de aplicación diferente y ese no depende del consumo de la planta.

“Al respecto de la eliminación de hidrocarburos líquidos, ¿la ley se refiere a las calderas para calentar edificios solamente o también las calderas industriales que, por ejemplo, en nuestro caso son para producir vapor para nuestros reactores?”

También las calderas industriales. Sin duda.

“En el artículo 33 se dice que hay que disponer de un sistema de certificación energética del edificio, en la forma y plazos que reglamentariamente se establezcan. Entiendo que estos plazos no se han establecido aún.”

Sí, efectivamente, lo han adivinado, hay que esperar al desarrollo reglamentario. Incluso para saber el alcance exacto de la obligación porque la definición de “edificio industrial” no está aclarada respecto a la definición general de “edificios”: (Art.4.j) “Edificio: una construcción techada con paredes en la que se emplea energía para acondicionar el ambiente interior, que puede dedicarse tanto a usos residenciales como a la prestación de servicios, y puede referirse a un edificio en su conjunto o a partes de dicho edificio que hayan sido diseñadas o modificadas para ser utilizadas por separado.” Ahora bien, parece bastante claro que es condición esencial que se utilice la energía para acondicionar su interior, además de tener paredes y techo:

  Techo Paredes Calefacción y/o aire acondicionado ¿Incluido?
Edificio de oficinas en una fábrica  Sí
Laboratorio adjunto a la planta
Cabina de control de accesos
Sala de control aislada
Cuarto de calderas No No
Columnas de destilación No No No No
Almacén APQ móviles No No
Planta de producción (nave cubierta con máquinas)
Polvorín en un taller de pirotecnia No No

 

¿Llegarán más preguntas?…. no lo duden, estas son solamente de dos día. Pero…. Adivinen: efectivamente, habrá que esperar al desarrollo reglamentario para saber las respuestas.

El enemigo en casa

Ya en alguna ocasión, en este modesto blog, he tratado de expresar mi frustración porque, en ocasiones (en demasiadas), en la industria química también tenemos el enemigo en casa.

Soy muy respetuoso con el trabajo de los departamentos de marketing. Me admira la creatividad de ciertos planteamientos, que pueden verse como algo sencillo, pero que, puesto uno mismo en un proceso de diseño, no somos capaz de idear y menos de poner en marcha nada similar… al menos, yo no lo soy.

Esta relación, algo tensa diría yo, entre departamentos técnicos y de marketing, no es un problema que se viva únicamente en el sector químico. Quizás en nuestro sector se hace más evidente, por la incesante y absurda “quimifobia” social, pero también porque la información que debe darse a un cliente, cuando se le vende un producto que puede suponer un riesgo, está orientada a su protección y al uso seguro del producto. Y eso no vende.

Poner una calavera en la etiqueta es necesario, y legalmente obligatorio, si el producto está clasificado como tóxico, pero es obvio que no resulta comercialmente interesante.

Hay muchos ejemplos en nuestra vida diaria, conscientes e inconscientes, en nuestra industria y en muchos otros sectores.

Pero, y es lo que hoy venía a contarles, hay un sector y una línea que, por deformación profesional, me molesta especialmente cada vez que se supera… proveedores para la industria en áreas de medio ambiente y seguridad, ingenierías y consultoras que venden algo “legalmente obligatorio”.

Casi la primera consulta que me hicieron cuando empecé a trabajar en AVEQ-KIMIKA llegó en un email de un jefe de seguridad de una empresa: “Me dice este proveedor que bien, que sus sirenas de evacuación son más caras, pero que las suyas están homologadas…” y la respuesta era evidente “es que, si no están homologadas, no podría venderlas”.

Desde entonces, he reprochado a muchos consultores campañas de emails que han forzado la interpretación de determinadas obligaciones o que, simplemente, han “innovado” sobre una base normativa, con intención de vender sus servicios.

La ilustración que encabeza esta entrada me ha llegado de una empresa asociada que me pregunta por el curso de “Inspector Propio de APQ”. Un tema en el que estamos trabajando desde la publicación del Real Decreto 656/2017.

La pregunta surgía en el reenvío de un email de marketing, enviado por una de nuestras referencias en esta materia (lo cual me provoca una doble decepción) por la inclusión de una sola palabra, una palabra en el encabezamiento… la palabra “OFICIAL”.

En artículo 2.31 del Real Decreto, define qué es, a efectos de esta norma, un “Inspector Propio: El personal técnico competente designado por el titular, con conocimientos y experiencia en la inspección de instalaciones de almacenamiento, carga y descarga y trasiego de productos químicos peligrosos. La designación debe quedar documentada.

Y, en el mismo artículo 2, en este caso en el punto 53, adelanta algunas funciones que dicho inspector propio podrá realizar: “Revisión periódica: Toda revisión o prueba posterior a la puesta en servicio de las instalaciones realizada por el inspector propio u organismo de control.

Estas revisiones periódicas anuales, que podrán ser realizadas por “Inspectores propios”, están descritas en el artículo 51 de la APQ-1, artículos 26 y 27 de la APQ-6, artículos 28 y 29 de la APQ-7, artículo 29 de la APQ-9 y artículo 16 de la APQ-10, no requiere de un título concreto, ni siquiera de una formación homologada.

Este “título” no se otorga mediante un examen oficial, como en el caso de los consejeros en materia de mercancías peligrosas, ni siquiera por cursos impartidos por formadores homologados, como en el caso de la prevención de la legionelosis o la de los técnicos de prevención.

Tal como lo regula el Real Decreto, cualquier técnico competente, con conocimientos y experiencia, podría ser designado como inspector propio, debiendo quedar esa designación por escrito, aunque no hay que enviar el papel a ningún lado.

¿Es interesante que esos técnicos acudan a una formación específicamente destinada a este cometido?, pues seguro que sí. Desplazarse a Madrid y pagar casi 500 € por un curso de 7 horas lectivas, me parece una exageración…

– Ya, pero es que este es un curso “oficial”
– ¿Cómo?
– Eso pone en el email
– ¿Me lo reenvías?

Entiendo que la tentación es muy fuerte, pero, lo siento, de verdad, porque las personas que imparten el curso y el personal técnico de la entidad convocante me merecen todos los respetos, pero hay que cuidar el marketing e insinuar algo así nos lleva a recomendar no apuntarse al curso.

 

Edición del 2 de mayo de 2019 a las 19:15: Me han llamado hace unos minutos de la entidad organizadora del curso (que, vuelvo a insistir: no he citado intencionadamente, porque me merece todos los respetos), para hacerme ver mi “sobre-reacción” con esta entrada…. y, bueno, creo que debo darles la razón.

Califican de “error” la inclusión de la palabra en cuestión, tildando de “oficial” el curso, y dado que ésta no aparece en la página web, esta sí “oficial” de la entidad organizadora, parece tratarse de un desliz del departamento de marketing de uno de sus proveedores.

En todo caso, al darles la razón, confirmo también la idea esencial de esta entrada del blog: en determinados sectores, el visto bueno técnico de las campañas de marketing es esencial, porque un desliz, un error en las comunicaciones, puede arruinar el prestigio adquirido con muchos años de esfuerzo y solvente trabajo técnico.

Sí, creo que me he excedido y pido disculpas por ello. 

 

 

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