Muchas preguntas y pocas respuestas sobre la Ley de Sostenibilidad Energética de Euskadi

El último día del pasado mes de febrero, el Boletín Oficial del País Vasco publicó la Ley 4/2019 de Sostenibilidad Energética de Euskadi, con la que las instituciones vascas pretenden preparar a la Comunidad Autónoma para la inevitable transición energética que nos espera.

La energía, tema estratégico de AVEQ-KIMIKA, junto con la seguridad o la gestión medioambiental de nuestras empresas, también es, como éstos, una materia competencial de carácter básico en la Constitución Española, es decir, el Estado central puede regular bases de exigencia mínima y las Comunidades Autónomas pueden limitarse a aplicar dichas bases o desarrollar y reforzar sus exigencias con normas propias.

En este caso, partiendo de la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética, el Reino de España, marcando un nuevo hito en el nivel de improvisación en los procesos de trasposición de normativa europea, aprobó en primer lugar una ley sancionadora, sin referencia concreta de qué podía sancionarse, mediante los artículos 81 y 82 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Y así estuvo dos años. Una norma, con rango de ley como es preceptivo, que contiene sanciones para castigar el incumplimiento de obligaciones que todavía no existían.

Hubo que esperar hasta la publicación del Real Decreto 56/2016 para saber qué había que hacer para que no nos sancionaran, pues fue el instrumento que traspuso las obligaciones concretas de la directiva, obvia decir que incumpliendo el plazo marcado por la norma europea.

Ya entonces mandamos circular explicando las obligaciones de las empresas “no-pymes” y, desde antes y todavía hoy, algún financiero me guarda rencor por descubrirle que su empresa no era pyme

Las obligaciones que marcaba el Real Decreto, respecto a la creación por parte de las Comunidades Autónomas de un registro de auditorías energéticas, fueron encauzadas por el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras, vamos, el de Industria de toda la vida, a través de su sede electrónica 

Ahora la Comunidad Autónoma de Euskadi da un paso adelante y añade nuevas obligaciones, que también hemos tratado de explicar en otra circular, pero que, como era de esperar, ha provocado un buen montón de preguntas.

En la circular explicamos las dos obligaciones más inmediatas: antes de que acabe el mes de mayo, las empresas afectadas por la norma tienen que autocalificarse respecto a las categorías marcadas por la norma. El Gobierno se ha propuesto habilitar un procedimiento en la misma sede, pero, por si algo saliera mal, hemos añadido a la circular un formato de declaración responsable para cubrir el trámite legal en plazo, en cualquier caso.

La técnica legislativa vuelve a caer en el desorden. ¿Tiene sentido que una ley emitida por un parlamento regule un trámite administrativo tan nimio?… resulta que, si por un casual alguien no estuviera conforme con ese trámite, se vería obligado a recurrir el artículo ante el Tribunal Constitucional. Absurdo.

Más líos: en el artículo 31 vuelve a meterse en harina que sería más propia de un Decreto y dice: 

Artículo 31 Gestión energética.
En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta ley, los establecimientos industriales a los que esta se refiere deberán comunicar al departamento competente en materia de energía la disponibilidad y aplicación de sistemas de gestión energética mediante un proveedor de servicios energéticos o gestor energético externo, o bien mediante un sistema propio equivalente que garantice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley.

No, la ley no obliga a certificarse de ISO-50.000 en el plazo de un año o a contratar un asesor externo. Entre las definiciones de la propia norma recoge:

Art.4.p – Gestión energética: proceso continuado, constante y planificado que vigila y supervisa el comportamiento energético integral de instalaciones, edificios o equipamientos y que mediante la fijación de ratios e indicadores tiene por objetivo obtener la máxima eficiencia con la mayor eficacia, debiendo apoyarse en herramientas, datos, valores y soluciones reales y tangibles.

Es decir, que, si una empresa realiza auditorías periódicas y gestiona los ratios e indicadores adecuadamente para la mejora, no requiere de más adornos.

A partir de ahí, todas las demás obligaciones necesitan desarrollo reglamentario y no se crean que tenemos una respuesta clara.

¿Qué preguntas nos han hecho?, pues vean ustedes mismos:

“Tengo una duda sobre lo de la Ley 4/2019 y es si para el calculo de tep hay que tener en cuenta el mix eléctrico ya que ahora compramos energía certificada verde…”

Pues habrá que esperar al desarrollo reglamentario, pero hay un principio jurídico que dice: “Donde la ley no distingue, no puede distinguir el que la lee”… me temo que, salvo que se dicte otra cosa, para interpretar el ámbito de la norma, de dónde provenga la energía es indiferente.

 

“Art. 34 Eliminación de Hidrocarburos líquidos, ¿este artículo también se refiere a la eliminación del gasóleo de carretillas?”

Pues habrá que esperar al desarrollo reglamentario, pero, siguiendo por analogía la lógica de los seguros, las carretillas que no salen de nuestras instalaciones, que no tienen matrícula y que quedan cubiertas por la póliza de responsabilidad civil general de la fábrica, son parte de su actividad. Las carretillas que pueden salir a vía pública, matriculadas y que tienen su propia póliza de seguros como vehículo, tendrán que seguir las pautas y plazos del capítulo de movilidad.

De todos modos, teniendo en cuenta la Directiva 2019/130/UE  yo iría pensando en dar una vuelta al uso de carretillas diésel en pabellones cerrados. En algunas fábricas eso implica un replanteamiento de la logística muy importante, dada las diferencias de capacidad y potencia, pero…

“En cuanto al artículo 31, disponer de sistemas de gestión energética, ¿se refiere a la ISO 50001?”

Pues… ¿qué voy a decir? Habrá que esperar al desarrollo reglamentario, pero, como he dicho arriba, creo que no… al menos, no necesariamente.

“A qué se refiere con un sistema propio equivalente que garantice el cumplimiento de las obligaciones o un proveedor de servicios energéticos o gestor energético externo.”

Pues… ¿saben qué?: habrá que esperar al desarrollo reglamentario, porque no termino de entenderlo del todo…. pero en el artículo 4.q, se define:

Gestor energético: profesional técnico, empresa instaladora o empresa de ingeniería o diseño, que, combinando una formación multidisciplinar en todas las disciplinas energéticas y tecnológicas, aplica en sus proyectos, servicios o instalaciones, criterios de eficiencia energética y que integra dentro de sus servicios y filosofía un asesoramiento independiente e integral.

…. ¿Se refiere a los “proveedores de servicios energéticos y auditores energéticos” que regula el capítulo III del Real Decreto 56/2016?… pues se le parece mucho… pero, si se refiere a la misma figura y dado que la Ley vasca no establece condiciones tan precisas como el Real Decreto, ni anuncia un desarrollo reglamentario al efecto y, es más, da un plazo tan corto para indicar si se está trabajando con un gestor/proveedor, con lo cual, lo más lógico es que se esté refiriendo a dichas entidades ya reguladas por la norma estatal…. ¿por qué utiliza un término diferente?

En todo caso, la norma ofrece alternativas, por eso incluye la conjunción disyuntiva “o” y se podrá decidir si queremos contratar con un “Gestor Energético Externo” o tener “un sistema propio”.

“En el RD 56/2016 se hace referencia a “grandes empresas” y se excluye a las microempresas, por lo que no queda claro cuáles son las responsabilidades que nos competen, por ejemplo, ¿tenemos que pasar auditoría cada 4 años?”

El RD 56/2016 afecta a empresas no-pymes en sentido europeo: menos de 250 trabajadores, volumen de negocio inferior a 50 millones de euros, y un balance inferior a 43 millones…. Pero hay que sumar todo el grupo de empresas, con interrelación y capacidad de control entre ellas, de toda la Unión Europea. 

“Según el pto. 2.: APLICACIÓN de esta Ley 4/2019, deben concurrir las dos condiciones que se detallan.
En la primera estamos dentro, como industria manufacturera según el CNAE.
En el segundo, después de recopilar los datos de consumo energético, incluyendo consumo directo de electricidad y transformación en KWH de consumo de gasóleo y propano, el promedio de los 3 últimos años es inferior a lo que marca: 5.815.000 kw*h/ año
Por tanto, no nos aplicarían los puntos solicitados en la ley 4/2019. ¿Es correcto?”
(La empresa nos manda nuestra propia circular escaneada con anotaciones).

Pues no puedo yo valorar si los cálculos son correctos, pero la norma es clara. Cuando dice “concurran” las dos condiciones, quiere decir que, si una de ellas no se cumple, la aplicación de la norma se descarta. De todos modos, el RD56/2016 tiene un ámbito de aplicación diferente y ese no depende del consumo de la planta.

“Al respecto de la eliminación de hidrocarburos líquidos, ¿la ley se refiere a las calderas para calentar edificios solamente o también las calderas industriales que, por ejemplo, en nuestro caso son para producir vapor para nuestros reactores?”

También las calderas industriales. Sin duda.

“En el artículo 33 se dice que hay que disponer de un sistema de certificación energética del edificio, en la forma y plazos que reglamentariamente se establezcan. Entiendo que estos plazos no se han establecido aún.”

Sí, efectivamente, lo han adivinado, hay que esperar al desarrollo reglamentario. Incluso para saber el alcance exacto de la obligación porque la definición de “edificio industrial” no está aclarada respecto a la definición general de “edificios”: (Art.4.j) “Edificio: una construcción techada con paredes en la que se emplea energía para acondicionar el ambiente interior, que puede dedicarse tanto a usos residenciales como a la prestación de servicios, y puede referirse a un edificio en su conjunto o a partes de dicho edificio que hayan sido diseñadas o modificadas para ser utilizadas por separado.” Ahora bien, parece bastante claro que es condición esencial que se utilice la energía para acondicionar su interior, además de tener paredes y techo:

  Techo Paredes Calefacción y/o aire acondicionado ¿Incluido?
Edificio de oficinas en una fábrica  Sí
Laboratorio adjunto a la planta
Cabina de control de accesos
Sala de control aislada
Cuarto de calderas No No
Columnas de destilación No No No No
Almacén APQ móviles No No
Planta de producción (nave cubierta con máquinas)
Polvorín en un taller de pirotecnia No No

 

¿Llegarán más preguntas?…. no lo duden, estas son solamente de dos día. Pero…. Adivinen: efectivamente, habrá que esperar al desarrollo reglamentario para saber las respuestas.

El enemigo en casa

Ya en alguna ocasión, en este modesto blog, he tratado de expresar mi frustración porque, en ocasiones (en demasiadas), en la industria química también tenemos el enemigo en casa.

Soy muy respetuoso con el trabajo de los departamentos de marketing. Me admira la creatividad de ciertos planteamientos, que pueden verse como algo sencillo, pero que, puesto uno mismo en un proceso de diseño, no somos capaz de idear y menos de poner en marcha nada similar… al menos, yo no lo soy.

Esta relación, algo tensa diría yo, entre departamentos técnicos y de marketing, no es un problema que se viva únicamente en el sector químico. Quizás en nuestro sector se hace más evidente, por la incesante y absurda “quimifobia” social, pero también porque la información que debe darse a un cliente, cuando se le vende un producto que puede suponer un riesgo, está orientada a su protección y al uso seguro del producto. Y eso no vende.

Poner una calavera en la etiqueta es necesario, y legalmente obligatorio, si el producto está clasificado como tóxico, pero es obvio que no resulta comercialmente interesante.

Hay muchos ejemplos en nuestra vida diaria, conscientes e inconscientes, en nuestra industria y en muchos otros sectores.

Pero, y es lo que hoy venía a contarles, hay un sector y una línea que, por deformación profesional, me molesta especialmente cada vez que se supera… proveedores para la industria en áreas de medio ambiente y seguridad, ingenierías y consultoras que venden algo “legalmente obligatorio”.

Casi la primera consulta que me hicieron cuando empecé a trabajar en AVEQ-KIMIKA llegó en un email de un jefe de seguridad de una empresa: “Me dice este proveedor que bien, que sus sirenas de evacuación son más caras, pero que las suyas están homologadas…” y la respuesta era evidente “es que, si no están homologadas, no podría venderlas”.

Desde entonces, he reprochado a muchos consultores campañas de emails que han forzado la interpretación de determinadas obligaciones o que, simplemente, han “innovado” sobre una base normativa, con intención de vender sus servicios.

La ilustración que encabeza esta entrada me ha llegado de una empresa asociada que me pregunta por el curso de “Inspector Propio de APQ”. Un tema en el que estamos trabajando desde la publicación del Real Decreto 656/2017.

La pregunta surgía en el reenvío de un email de marketing, enviado por una de nuestras referencias en esta materia (lo cual me provoca una doble decepción) por la inclusión de una sola palabra, una palabra en el encabezamiento… la palabra “OFICIAL”.

En artículo 2.31 del Real Decreto, define qué es, a efectos de esta norma, un “Inspector Propio: El personal técnico competente designado por el titular, con conocimientos y experiencia en la inspección de instalaciones de almacenamiento, carga y descarga y trasiego de productos químicos peligrosos. La designación debe quedar documentada.

Y, en el mismo artículo 2, en este caso en el punto 53, adelanta algunas funciones que dicho inspector propio podrá realizar: “Revisión periódica: Toda revisión o prueba posterior a la puesta en servicio de las instalaciones realizada por el inspector propio u organismo de control.

Estas revisiones periódicas anuales, que podrán ser realizadas por “Inspectores propios”, están descritas en el artículo 51 de la APQ-1, artículos 26 y 27 de la APQ-6, artículos 28 y 29 de la APQ-7, artículo 29 de la APQ-9 y artículo 16 de la APQ-10, no requiere de un título concreto, ni siquiera de una formación homologada.

Este “título” no se otorga mediante un examen oficial, como en el caso de los consejeros en materia de mercancías peligrosas, ni siquiera por cursos impartidos por formadores homologados, como en el caso de la prevención de la legionelosis o la de los técnicos de prevención.

Tal como lo regula el Real Decreto, cualquier técnico competente, con conocimientos y experiencia, podría ser designado como inspector propio, debiendo quedar esa designación por escrito, aunque no hay que enviar el papel a ningún lado.

¿Es interesante que esos técnicos acudan a una formación específicamente destinada a este cometido?, pues seguro que sí. Desplazarse a Madrid y pagar casi 500 € por un curso de 7 horas lectivas, me parece una exageración…

– Ya, pero es que este es un curso “oficial”
– ¿Cómo?
– Eso pone en el email
– ¿Me lo reenvías?

Entiendo que la tentación es muy fuerte, pero, lo siento, de verdad, porque las personas que imparten el curso y el personal técnico de la entidad convocante me merecen todos los respetos, pero hay que cuidar el marketing e insinuar algo así nos lleva a recomendar no apuntarse al curso.

 

Edición del 2 de mayo de 2019 a las 19:15: Me han llamado hace unos minutos de la entidad organizadora del curso (que, vuelvo a insistir: no he citado intencionadamente, porque me merece todos los respetos), para hacerme ver mi “sobre-reacción” con esta entrada…. y, bueno, creo que debo darles la razón.

Califican de “error” la inclusión de la palabra en cuestión, tildando de “oficial” el curso, y dado que ésta no aparece en la página web, esta sí “oficial” de la entidad organizadora, parece tratarse de un desliz del departamento de marketing de uno de sus proveedores.

En todo caso, al darles la razón, confirmo también la idea esencial de esta entrada del blog: en determinados sectores, el visto bueno técnico de las campañas de marketing es esencial, porque un desliz, un error en las comunicaciones, puede arruinar el prestigio adquirido con muchos años de esfuerzo y solvente trabajo técnico.

Sí, creo que me he excedido y pido disculpas por ello. 

 

 

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Un esfuerzo suficiente y adecuado en la gestión de contratas

Es curioso como la literatura, en cierta medida, pero especialmente el cine y la televisión, modifican los conocimientos y la percepción que tenemos de la historia.

Podemos citar batallas de la Guerra Civil de los Estados Unidos con relativa facilidad y sin embargo, pocos habitantes de Euskadi saben que, más o menos por la misma época, en el valle de Somorrostro, tuvo lugar una gran batalla, con muy poco que envidiar a las televisivas acciones de Gettysburg o al sitio de Atlanta y que ya vaticinó los horrores que provocaría la Primera Guerra Mundial.

En marzo de 1874, el ejercito carlista llevaba ya unos meses sitiando Bilbao. La ciudad, orgullosa, se resistía y el general Serrano, al mando de 35.000 hombres bien armados y pertrechados, con fuerte apoyo de artillería y de la armada, trataba de romper el cerco aproximándose a la ciudad desde Castro Urdiales.

Los carlistas cavaron un todavía primitivo, pero excelente sistema de trincheras y parapetos, aprovechando el terreno, entre el Montaño de Zierbena y los montes de Triano, con un eje central en la ermita de San Pedro de Abanto, que dominaba el valle.

Los avances tecnológicos en las armas de fuego que se produjeron durante los últimos años del siglo XIX, la invención de las armas de fuego que podían cargarse con cartuchos compactos y sin tener que hacerlo por la boca, tanto fusiles, como cañones, daban una enorme ventaja a las posiciones defensivas y parapetadas. Así, los 15.000 carlistas pudieron resistir los avances liberales, hasta que fueron flanqueados por el alto de Las Muñecas, rompiendo con ello el sitio a la capital vizcaína, lo que condujo, finalmente, a la derrota final del ejercito carlista en aquella guerra.

Esta ventaja de las defensas se llevó al extremo tras el invento de la ametralladora, en la década de 1880. Cientos de miles de jóvenes europeos murieron en los campos de batalla de Francia, Bélgica, Polonia, Italia o Serbia, en absurdas cargas descubiertas de infantería, sin posibilidad de conseguir avance alguno.

Tras la Gran Guerra, Europa sabía con certeza que las naciones europeas volverían a enfrentarse y Francia decidió prepararse para ello. Por iniciativa de André Maginot, ministro de defensa entre 1922 y 1932, la República Francesa construyó una línea defensiva de fuertes y trincheras de hormigón, a lo largo de toda la frontera de con Alemania, que, ajustada la inflación, costó lo equivalente a unos 5.000 millones de euros actuales. Muchos de aquellos fuertes e instalaciones se pueden visitar.

¿Y qué sucedió?… pues que, cuando la línea se terminó, en 1939, y estalló la guerra, los tanques y la aviación habían revertido completamente la situación. Y los frentes, eternamente atascados de la primera guerra, se volatilizaron. Los tanques alemanes entraron en Francia el 10 de mayo de 1940 y la Línea Maginot fue rodeada por el norte. Francia se rindió apenas 46 días más tarde.

¿Por qué les cuento esto?… porque me parece un gran ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas: Ideas preconcebidas, ninguna capacidad de adaptación, medios desproporcionados… para un resultado nulo.

Ya hace mucho tiempo que, con mucha intensidad, estamos trabajando en mejorar la coordinación de actividades empresariales en fábrica.

Nuestra motivación inicial derivó de, lo que en lenguaje de AVEQ-KIMIKA llamamos “una debilidad de gestión”: a pesar de que los datos de frecuencia y gravedad de accidentes laborales en nuestras fábricas son excelentes, liderando nuestros sectores la industria vasca… lo que es “mucho liderar”, sinceramente, tanto en personal propio, como en contratas, ambos indicadores, de frecuencia y gravedad, son mejores en aquellos, frente a éstos.

Esa situación nos decía que, si bien los datos en contratas eran objetivamente buenos, era posible mejorarlos… y, claro, a ello nos pusimos.

Pero en gestión CAE, en seguridad laboral en general y, bueno, casi en cada uno de los aspectos en los que trabajamos, la aplicación de medidas sin control quizás nos lleve a la mejora, pero también nos conduce al bloqueo.

La propia normativa es clara: la información, las instrucciones de trabajo que reciban las contratas y los trabajadores y trabajadoras de éstas, “deberán ser suficientes y adecuadas” a los riesgos a los que se enfrentan.

Organizamos nuestros procedimientos en cuatro niveles, con estricto cumplimiento de la normativa, pero proporcionados, suficientes y adecuados a los riesgos en cada uno de ellos. Los llamamos: “Obras de Construcción”, “Real Decreto 171”, “Chóferes de camiones” y “Visitas”.

Hemos trabajado en procedimientos para cada uno de ellos, ayudado a las empresas a implementarlos. Hemos integrado las bases de datos de la documentación de contratas de las empresas en nuestra plataforma Koordinatu… y hemos formado a decenas de profesionales en los requisitos legales de esta delicada cuestión y en cómo superarlos.

Aún no hemos llegado a equilibrar los datos de trabajadores propios y de contratas… pero seguimos en ello. Si quieren saber cómo, el viernes 22 de marzo, nuestro departamento de seguridad imparte un comprimido curso de 4 horas destinado a explicar cómo lo estamos haciendo y, especialmente, cómo cualquier instalación, por pequeña que sea, invirtiendo una cantidad de tiempo y esfuerzo muy proporcionado, puede sistematizar y organizar con eficiencia todo el sistema CAE.

Saber siempre, con total seguridad, que la documentación está en orden y que nuestros esfuerzos pueden volcarse en el verdadero objetivo: la prevención.

Aquí pueden consultar la convocatoria del curso y aquí pueden apuntarse…