Derecho para Químicos (soluciones)

En primer lugar: muchas gracias. Todavía hoy, cuando este modesto blog ya ha cumplido más de 10 años, me sorprende que haya técnicos de la industria, con muy poco (por no decir, nada) tiempo libre, que saquen un ratillo cada semana para leer mis historias.

Obviamente el blog, antes en su ubicación antigua y ahora con más razón incorporado en la web de la asociación, tiene contador de visitas que ofrece buenos resultados, pero el hecho de que tantos de ustedes hayan ido un poco más allá y me sigan el juego con el test de la semana pasada, resulta halagador, aunque también me provoca algo de mala conciencia hacerles perder el tiempo.

Reconozco que el test era una combinación difícil de preguntas, algunas muy jurídicas y otras muy técnicas, pero supongo que ninguna les ha sorprendido demasiado. Creo que todos o casi todos los temas, les sonaban.

El rango de resultados va desde 2/10 respuestas acertadas a un 9/10 (2,1% de las respuestas). Nadie ha acertado todas las preguntas. La media de resultados ha quedado en un 5,72, siendo el 5 la nota más frecuente, con un 25,5% de las respuestas.

La primera pregunta, la de las elecciones, con toda sinceridad, era una pregunta de control. Pensaba que todo el mundo acertaría, tanto que se ha hablado de la posibilidad de un “super-domingo” electoral, con 5 urnas en cada mesa. Ha tenido un 51,2% de aciertos.

La segunda, la relativa al certificado electrónico, es en la que más aciertos se han producido. Un 95,3% No necesita mucha explicación: las tarjetas de firma electrónica son personales e intransferibles. Es una pregunta que tiene que ver la responsabilidad y con el hecho de que no terminamos de hacernos a la idea de que con la tarjeta de firma y el PIN nos pueden suplantar casi para cualquier cosa.

La tercera trataba de las reglas de desarrollo reglamentario y un poco sobre competencias. Sí, el RD 833/1988, que desarrolló una norma legal por dos veces derogada, sigue estando parcialmente en vigor. La mayoría de las respuestas dieron en la clave, un 60,5%.

La cuarta pregunta era, con toda seguridad la más difícil. De hecho la respuesta correcta, “5 de abril”, no ha sido la más elegida, Les cuento un par de cosas respecto a los plazos:

 

El artículo 5.1 del Código Civil, desde su reforma de 1974, dice:

5.1. Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días, a contar de uno determinado, quedará éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente; y si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes.

Pero, si buscamos detalles y precisión, hay que consultar el artículo 30 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo. En concreto, el artículo 30.2 dice:

30.2. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.

Y el 30.3:

30.3. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.

Y un artículo más de la Ley 39/2015:

43.2. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido.

Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Y, teniendo en cuenta esas premisas, ahora ya sólo es cuestión de contar. Tenemos el punto cero y tenemos la medida que debemos usar:

Para resolver la quinta pregunta, la del Reglamento 1357/2014, no bastaba la lógica jurídica. Cierto. Había que haber profundizado algo más en regulación de residuos para poder elegir entre a) y d)… pero no me negarán que las otras dos son claramente erróneas. De todas maneras, la mayoría acertó que todas eran falsas… salvo la última: Un 55,8%

En la quinta nos metemos en Seguridad Industrial. Un mantra clásico de las normativas reguladoras de instalaciones industriales es que, si bien cada vez que cambia la normativa hay que adaptar el régimen de inspecciones y papeleo en general a lo dispuesto en la nueva norma, las instalaciones, “los hierros”, seguirán comprobándose contra la normativa técnica vigente cuando se legalizaron, a no ser que realicemos una modificación importante en aquellas. Sorprendentemente, la respuesta más elegida fue la “c). Al haberse aprobado la APQ10 de recipientes móviles y ser los GRG/IBC recipientes móviles y además, ser más exigente, hay que cambiar la legalización a la norma nueva.”, con un 45,2%. Parece que le han cogido el gusto a eso de hacer papeles.

La séptima pregunta incide en un tema clásico del debate competencial en el estado de las autonomías. El sistema de legislación básica que da carta de naturaleza constitucional a diferencias competitivas entre empresas por el mero hecho de ubicarse en diferentes Comunidades Autónomas, aunque compitan en un mercado único.

En aquellos ámbitos en los que el Título VIII de la Constitución prevé la competencia de legislación básica estatal, pero de desarrollo y implementación por parte de la CCAA, implica que en todas ellas deberá aplicarse el mínimo marcado por la norma estatal y, sobre ella, podrá reforzar el nivel de exigencia.

No quiero alargarme, pero con un ejemplo se entiende mejor. Supongamos que dos socios, tras mucho años compartiendo un negocio ubicado al pie de la N-111 en el municipio de Oyón, Álava, deciden separarse y, el que se marcha instala su nueva fábrica al otro lado de la carretera, Logroño, La Rioja: Mismos clientes, mismos productos, mismos proveedores, mismo almacén, apenas 20 metros de distancia y uno tendrá que hacer Plan de Autoprotección y el otro no.

La séptima explica cómo aplicar el principio de legislación básica, cuando el legislador autonómico utiliza criterios diferentes para regular. Entonces hay que ir requisitos por requisito elegir el más restrictivo. Acertaron un 53,5% de las respuestas.

Respecto a la octava, la correcta, la b) ha sido la más elegida (51,2%) por estrecho margen respecto a la a) (48,8%), las dos únicas que han sido votadas. No, no tenemos obligación de dejar entrar en nuestras instalaciones que no sea funcionario público… ahora bien, si nos negamos a recibir a la empresa consultora por las buenas, recibiremos en breve una visita de los inspectores públicos, por las “malas”… ustedes mismos.

La novena… en fin, la novena no tiene una respuesta tan clara como tenía antes. Yo les he puesto como correcta mi opinión, que coincide con la del 62,8% de los encuestados, pero la Ley 39/2015 coló una “anchoa” en la regulación del silencio administrativo que va a traer cola… ya se lo contaré con calma.

Y la décima y última, tanto la c) como la d) son correctas pero es usual que en derecho del trabajo suceda que, teniendo razón, no podemos imponerla. El 93,0% de las respuestas eligieron la d). Supongo que por experiencia más que nada.

 

Yo les recomendaría apuntarse al curso de Derecho para Químicos que impartimos el 12 de abril… pero ya saben que no soy objetivo. Sólo puedo prometerles saldrán con una forma diferente de enfocar su día a día y, probablemente, un ahorro de tiempo considerable.

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Derecho para químicos

 

Una de las cosas que intento explicar en el Curso de Derecho para Químicos/as que impartimos en AVEQ-KIMIKA es que el respeto a los procedimientos es la única garantía de derechos. Son una pesadez, son un rollo… pero no queda más remedio.

El imperio de la ley, por ejemplo, en la imperiosa necesidad de que se respeten los procedimientos de reforma de constituciones y estatutos, es garantía de que la convivencia democrática no se convierta en el abuso del más fuerte, incluso aunque el más fuerte lo sea por ser mayoría.

Por muy insatisfactorio que sea el gobierno, por muy injusto que nos parezca, por mucho que alguien se “sienta” respaldado por enormes manifestaciones en la calle, nunca será legítimo que se autoproclame presidente de nada, si no respeta el procedimiento democrático.

De la misma manera que no puede ser legitima la decisión de un presidente, aunque haya sido elegido con todas las garantías, que modifica la constitución a su antojo, tratando de intervenir en los tribunales o creando una cámara “constituyente” porque los resultados de las elecciones legislativas no le gustan.

Ley Orgánica 3/1979. Art. 10.14. dice: “La CAPV tiene competencia exclusiva en las siguientes materias: Organización, régimen y funcionamiento de las Instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores, penitenciarios y de reinserción social, conforme a la legislación general en materia civil, penal y penitenciaria”. Eso, se lea como se lea, dice lo que dice y es ley desde hace 40 años… instar a su incumplimiento porque no coincide con mi ideología es un absurdo. Si consigues convencer a gente suficiente y llegas a la mayoría suficiente, cambia la ley y punto.

La convocatoria de un referéndum de autodeterminación implica, cuando menos, la reforma del estatuto de autonomía que da legitimidad al parlamento que lo convoca… ¡qué menos que respetar las mayorías que el propio estatuto prevé para su reforma!… (de 3/5 en el caso que todos están pensando, por si se lo preguntan…).

Y alguien práctico, pero poco demócrata, dirá… pero es que es imposible convencer a los otros partidos de cambiar esas leyes y, aunque somos mayoría, no tenemos la “mayoría” suficiente… y habrá que responderle: es que, para eso, precisamente, se ponen esas mayorías reforzadas, para garantizar los derechos de las minorías. Convivir en democracia es así de difícil, me obliga a entenderme y llegar a acuerdos con el que piensa diferente. Una puñeta.

No es que el imperio de la ley esté por encima de la democracia, de hecho, está por debajo porque, sin imperio de la ley que le de fundamento y base, la democracia no funciona, la democracia no es tal.

Pero me estoy yendo por los cerros de la política… y no quería. Voy a proponerles una prueba. Un test. Son solamente 10 preguntas respecto a algunos de los fundamentos básicos de conocimientos jurídicos que cualquier técnico que trabaje en, o para la industria debe conocer para gestionar normativa con eficacia. Si aciertan 6 o menos, les espero el día 12 de abril en nuestras oficinas de Bilbao. Para saber más: ficha, circular con los detalles del curso y formulario de inscripción on-line.

La encuesta es completamente anónima y, bueno, prometo publicar los resultados totales en la próxima entrada de este modesto blog.

 

Test Derecho para Químicos 2019

 

 

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Plus de toxicidad… ¿debemos pagarlo?

Luis Blanco Urgoiti

Todavía, no hace mucho, escuchaba a un veterano miembro de un comité de empresa de una fábrica referirse a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales como “la nueva ley”. Tal fue el impacto de la norma, no se me asusten: hace ya 23 años y unos pocos días que entró en vigor, que a algunos todavía les huele a nueva.

No, no es porque no se aplique o porque haya sido ignorada, más bien al contrario. La revolución fue de tal calibre, que los veteranos todavía dividen su vida laboral en un antes y un después de esa ley, porque me consta que, ese veterano sindicalista es uno de esos delegados de prevención, formado y concienciado, que da gusto tener en la fábrica porque arrastra a la gente en pro de la prevención.

Uno de los cambios de filosofía que la ley introdujo fue el principio de que la seguridad y la salud de los trabajadores no es compensable con dinero. Si un trabajador, como consecuencia del desempeño de su trabajo, se ve expuesto a una situación de riesgo o a contaminantes que puedan perjudicar su salud más allá de aquello que pueda considerarse “normal*, tanto que pueda llegar a considerarse necesario compensarlo económicamente, la obligación de la empresa es reducir esos condicionantes y, entre tanto, hasta conseguir dicha reducción, sencillamente el trabajo no podrá tener lugar.

Con esto, obvia decir, que a día de hoy no es posible implantar un plus salarial que compense la peligrosidad o toxicidad del trabajo ya que implicaría reconocer que se está incumpliendo de forma flagrante la ley de prevención de riesgos laborales.

¿Qué hacemos con los pluses ya pactados y que reciben esa denominación expresa y concreta en la nómina de los trabajadores de nuestra empresa, que persisten desde antes del 10 de enero de 1996?

El Tribunal Supremo tiene jurisprudencia bien asentada que dice que un plus asociado a una circunstancia, económicamente compensable puede eliminarse de forma unilateral cuando esa circunstancia, de forma objetiva y constatable, desaparezca.

Ahora, es bien cierto que esa eliminación debe ser inmediata a la constatación de que la circunstancia ha desaparecido, pues el principio de condición más beneficiosa supone que cualquier cantidad abonada por la empresa a sus trabajadores, de forma estable en el tiempo, más allá de sus estrictas obligaciones, se consolidará definitivamente como una prestación voluntaria. No se podrá eliminar unilateralmente… salvo que se inicie un procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo del art. 41 del Estatuto de los Trabajadores que, además de complejo y que puede ser bastante traumático para la organización, con toda probabilidad terminaría con la necesidad de justificar objetivamente ante un juez la necesidad de dejar de pagar esas cuantías.

Entonces, la pregunta es: “en nuestra empresa, certificada ISO-45001, en la que hemos evaluado, gestionado y reducido hasta prácticamente eliminar la exposición de los trabajadores agentes químicos hace más de 20 años, ¿podemos eliminar ahora de forma unilateral el plus de toxicidad de la nómina de los trabajadores, que lo cobran desde antes de la entrada en vigor de la ley?”… bueno, pues, con todos los matices explicados, la respuesta es que no.

Pero, entonces, “¿nos sancionará la Inspección de Trabajo si descubre que seguimos abonando ese plus pues estaremos reconociendo que pagamos a nuestros trabajadores por exponerse a toxicidad?“… pues tampoco, porque hay un principio general del Derecho que dice: “las cosas son lo que son, no lo que las partes dicen que son” y, reducidos los riesgos hasta un margen tolerable, ese plus deja de ser, en esencia, una compensación y, si se sigue pagando, pasa a formar parte del salario… siempre puede aparecer un inspector de trabajo “francotirador”, que haberlos, haylos, y abrir expediente, pero no prosperaría.

¿Qué podemos hacer entonces al respecto?, pues, en primer lugar, actuar con contención y tiento. Pocas cosas pueden generar más inquietud en una fábrica que andar tocando la nóminasin explicación previa y mucha pedagogía y, previa consulta con el comité de empresa, cambiar la denominación del consabido plus y, conforme al lenguaje del convenio de la industria química, denominarlo “Complemento Personal” o “Complemento de Puesto de Trabajo”, respetando en todo caso las cuantías abonadas.

La diferencia esencial entre uno y otro, que es un matiz importante, es que el “Complemento Personal” viajará con el trabajador a cualquier puesto donde vaya y, por contra, aquellas personas que se incorporen por primera vez a esa sección no podrán, (legalmente ojo**), reclamar dicho complemento.

El “Complemento de Puesto de Trabajo” deberá permanecer en el puesto (legalmente ojo**) y un trabajador trasladado de producción al almacén perdería dicho complemento y, por contra, el trabajador que le sustituya en su puesto lo recibiría.

¿Cómo elegimos entre uno y otro?…pues con la fórmula de siempre: con diálogo abierto, transparencia y negociación colectiva.

 

 

* Utilizo la palabra “normal” con la clara intención de no utilizar el término más técnico y correcto de “tolerable”. Cualquier técnico podrá explicarles que el riesgo cero no existe y que, andar por la acera supone riesgos y exposición a agentes químicos y cancerígenos… dentro del margen “normal” y “tolerable”. Aunque, bueno… de hecho, la nueva Directiva 2019/130 califica la exposición, profesional*** eso sí, a las emisiones de motores diesel como una circunstancia cancerígena.

** “Legalmente”: Adverbio que significa “de manera legal”, describe una circunstancia que, en el Derecho regulador de las relaciones laborales, no tiene un sentido tan absoluto como en otros ámbitos jurídicos. A veces, de hecho con cierta frecuencia, podemos tener toda la razón legal de nuestra parte y no poder, o no creer conveniente, imponerla.

*** Por cierto, la nueva Directiva no aclara el alcance exacto de la palabra “profesional” y considerando la premisa de que, en exposición a sustancias cancerígenas, no hay un límite de exposición que no deba tratar de reducirse en cualquier caso… ¿deberá llevar equipo de respiración un guardia municipal mientras dirige el tráfico?

Para la redacción de esta entrada he contado con la inestimable ayuda de Amets Moreno e Idoia Fernández.

 

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