La Comisión de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Parlamento Vasco ha acogido este lunes la comparecencia de Luis Blanco-Urgoiti, secretario general de la Asociación Vasca de Empresas del Sector Químico (AVEQ-KIMIKA). Durante su intervención sobre la Proposición de Ley de medidas urgentes de simplificación y agilización de la Administración para la actividad económica sostenible —impulsada por los grupos parlamentarios PNV y PSE-EE—, la patronal sectorial ha respaldado el texto legislativo pero ha reclamado valentía política para transformar el modelo de relación entre la Administración y las empresas.

Blanco-Urgoiti ha alertado de que la excesiva carga administrativa compromete la competitividad industrial en el mapa europeo. La propuesta legislativa, articulada sobre los principios de eficacia, proporcionalidad y la aplicación del criterio once only (una sola vez), busca modernizar el funcionamiento de los departamentos autonómicos con competencias en sostenibilidad, industria y desarrollo rural mediante herramientas como la tramitación conjunta o la sustitución de licencias previas por declaraciones responsables.

El coste fijo de la burocracia ahoga a las pymes

Desde la industria química vasca se subraya que el entramado de trámites penaliza con mayor dureza al tejido de pequeña y mediana empresa, incapaz de competir en recursos con las grandes multinacionales para digerir marcos normativos que superan en ocasiones las millares de páginas.

«La tramitación administrativa, la burocracia y, sobre todo, el tiempo y los recursos que las empresas tienen que dedicar a estos trámites se han convertido en los últimos años en una cuestión central para la competitividad de la industria europea», ha advertido Blanco-Urgoiti. «La burocracia tiene un problema especialmente grave para las pymes: tiene un enorme componente de coste fijo. Preparar un expediente, interpretar una norma, cumplimentar una declaración, contratar un técnico, adaptar un sistema informático o presentar una comunicación… puede exigir prácticamente el mismo trabajo a una empresa de 25 personas que a una multinacional de 25.000».

Para graficar la «hiper-regulación» que padece el sector en Euskadi, el secretario general de AVEQ-KIMIKA ha expuesto el caso real vivido el pasado año por un asociado de la provincia de Bizkaia.

«En 2025 una empresa asociada… de poco más de veinte personas, decidió trasladarse de un municipio de Bizkaia a otro. (…) El informe que preparamos identificaba casi 120 trámites. […] Casi 120 actuaciones para trasladar una pyme unos kilómetros. Creo que este ejemplo explica mucho mejor el problema que cualquier estadística».

Simplificar no es desregular: de la sanción a la corresponsabilidad

Frente a las reticencias de que un recorte de trámites reduzca la vigilancia ambiental, AVEQ-KIMIKA ha aclarado que la agilización busca optimizar recursos sin rebajar ni un ápice la exigencia normativa ni el control de la seguridad.

«Porque simplificar no significa desregular. Agilizar no significa permitir contaminar más. Y reducir burocracia no significa reducir controles. Significa conseguir los mismos objetivos —o mejores— utilizando de forma más inteligente los recursos de las empresas y de la propia Administración».

En este sentido, se ha instado al Gobierno Vasco a superar la inercia punitiva y apostar por un marco donde aquellas empresas que acrediten un correcto cumplimiento ambiental —a través de mecanismos verificados como el reglamento europeo EMAS— disfruten de canales administrativos preferentes.

«La regulación ambiental se ha construido tradicionalmente sobre una secuencia muy conocida: prohibición, inspección y sanción. (…) Y por eso plantearíamos un paso adicional: avanzar hacia un verdadero modelo de corresponsabilidad entre Administración e industria. Una empresa que acredita un largo historial de cumplimiento […] debería poder beneficiarse de procedimientos administrativos proporcionados a ese nivel de confianza».

Propuestas clave del sector químico para la Ley de Simplificación

Para corregir la paradoja de que exista un amplio consenso hacia la descarbonización pero luego los proyectos locales encallen por vetos o trabas de proximidad, Blanco-Urgoiti ha presentado un batería de enmiendas y mejoras al borrador del PNV y PSE:

1. «Un proyecto, un expediente» (Ventanilla única real): Interlocución unificada frente a la Administración que garantice un plan de ruta escrito, claro y vinculante desde el primer día.
2. Interés público superior para proyectos clave y logística Seveso: Clasificar bajo este estatus las inversiones estratégicas en economía circular, valorización de residuos, renovables y seguridad industrial para evitar bloqueos locales.
3. Aplicación radical del principio Once Only: Prohibir de forma estricta que cualquier departamento o institución requiera a las empresas datos o informes que ya se encuentren en bases de datos públicas.
4. Desbloqueo de la paradoja local: Evitar la paralización de infraestructuras críticas en materia medioambiental ante el rechazo municipal a proyectos de alcance territorial.
5. Foco en la aportación de valor frente al papeleo: Desviar el tiempo de los profesionales de las tareas administrativas redundantes a la inversión técnica en descarbonización.
6. Estabilidad para el personal técnico de la Administración: Frenar la rotación y temporalidad de los funcionarios de áreas clave (medio ambiente, seguridad industrial, protección civil) para conservar el criterio técnico y acelerar resoluciones.