¿Cómo puede afectarme, personalmente, un accidente en la fábrica? (Curso de responsabilidad personal AVEQ-KIMIKA)

Curso KIMIKA de Responsabilidad Personal – Viernes, 13 de Septiembre, en Bilbao (PDF)

Hace ya muchos años, una tarde de primavera, me llamó por teléfono la “responsable” de prevención de una empresa asociada:

– Hola Teresa, ¿qué tal?, ¿qué tal vais con la obra?

Teresa no respondió a la pregunta y me dijo, en tono muy serio: 

– Hola Luis, era para preguntarte tu opinión sobre un tema un poco delicado. ¿Tienes un minuto?

– Sí, claro. Dime. 

– ¿Por dónde empiezo?… ya sabes que antes de empezar aquí, trabajé en otra fábrica.

– Sí, hace ya cuatro o cinco años…

– Hace cuatro años.  – siguió con voz un tanto temblorosa – Hice las prácticas del máster de prevención allí y me hicieron un contrato de seis meses. Cuando llevaba cuatro meses de contrato, un trabajador perdió una mano en una máquina que no estaba adecuada el RD1215 y me ha llamado hace un rato el abogado de la empresa para decirme que el fiscal ofrece un pacto con una condena de año y medio de… cárcel para mi y para el gerente. Me ha explicado no sé qué de la indemnización subsidiaria y que, si no cometo ningún delito en no sé cuántos años, no tengo que ir a prisión…. ¿qué te parece?

– Ya, de “becaria”…  ¿cuántos años tenías?

– Veinticinco.

Me tomé unos segundo para contestar. Oía su respiración y sentía sus nervios al otro lado de la línea. Por un lado, humanamente, me parecía que debía tranquilizarla y decirle que estaba bien. Que cerrara el tema y se olvidara. Por otro…

– Pues me parece una barbaridad y una injusticia. 

¿Cómo?

– Sí, lo siento. ¿Qué capacidad de decisión tenías en aquel momento para obligar a que la empresa adecuara la máquina?… yo te aconsejaría que le digas al abogado que eleve la oferta de indemnización y que le diga al fiscal que retire los cargos contra ti. Y que si no, te buscas otro abogado a parte del de la empresa.

No sé cómo terminó el asunto. He trabajado con Teresa decenas de veces desde entonces, pero yo nunca le he preguntado y ella nunca ha tomado la iniciativa de contármelo.

Hace unas semanas, como es preceptivo en AVEQ-KIMIKA, presentamos una iniciativa nueva a los Grupos de Trabajo para someterla a su criterio.

Una parte muy importante de nuestra gestión, de cómo hacemos las cosas, pasa por conocer de primera mano la opinión de los técnicos y profesionales de la industria. Para ello, desde hace casi 30 años, en nuestras oficinas se reúnen mensualmente unos muy interesantes grupos de profesionales de los temas clave para la Asociación, de una amplia y variada muestra de empresas (tamaños, subsectores, multinacionales, pymes…), para preguntarles su opinión sobre debilidades, retos y oportunidades que afronta la industria y en los que AVEQ-KIMIKA debe echar una mano.

En este caso, la debilidad que abordábamos no deriva de un indicador de gestión, no es un reto planteado por un cambio normativo. Se trata de un problema en el nivel de conocimiento que los profesionales de la industria tienen respecto a su propia responsabilidad.

El debate interesante se planteó en el Grupo de Trabajo de Recursos Humanos. En el de Seguridad apenas hubo debate. El interés del proyecto fue rápidamente aceptado y se oyeron ya algunos comentarios en la línea de “¿Qué día es?…. que yo me apunto”.

En el grupo de responsables de Recursos Humanos la conversación fue algo más larga, pues yo me empeñé en polemizar, pero el resultado fue similar.

Para plantear el tema, con muy mala intención, yo formulé una pregunta:

“¿Interesa a una empresa que su responsable de prevención de riesgos laborales sea plenamente consciente de las consecuencias que para su persona pueden derivarse si sucede “algo” en la fábrica y, más aún, si hace mal su trabajo?”

El grupo reaccionó con cierta incredulidad:

– “Naturalmente” – dijeron los presente casi al unísono.
– “Pero… “ – insistí en mi papel de abogado del Diablo – “… si alguno o alguna se entera, quizás pidan más dinero por su trabajo...”

Pero las ideas del grupo eran firmes: no hay nada que se tema más que lo desconocido. Asumir una tarea con plena consciencia y conocimiento de la responsabilidad que supone, es la mejor garantía de un trabajo serio y profesional.

Habiendo consenso en la pertinencia y en la importancia de generalizar ese conocimiento entre los técnicos, solamente quedaba adaptar el contenido a la estrecha vereda por la que camina el Plan de Formación KIMIKA 2019: módulos de 4 horas, viernes por la mañana, adaptados a la mecánica de bonificaciones de la Fundación Tripartita y precios muy asequibles, que apenas cubren costes, pero que, sobre todo, pretenden no ser una barrera para las inscripciones, incluso aunque la empresa no pueda bonificarse.

Es quizás el concepto de responsabilidad uno de los aspectos más avanzados y complejos de la ciencia jurídica. Hemos adaptado el tema, con casos prácticos y el planteamiento de debates y, sobre todo, con un amplio espacio de tiempo para resolver dudas y problemas.

En estos momentos no quedan muchas plazas, pero, si se dan prisa, todavía les hacemos un hueco.

Curso KIMIKA de Responsabilidad Personal – Viernes, 13 de Septiembre, en Bilbao (PDF)

Derecho para Químicos (soluciones)

En primer lugar: muchas gracias. Todavía hoy, cuando este modesto blog ya ha cumplido más de 10 años, me sorprende que haya técnicos de la industria, con muy poco (por no decir, nada) tiempo libre, que saquen un ratillo cada semana para leer mis historias.

Obviamente el blog, antes en su ubicación antigua y ahora con más razón incorporado en la web de la asociación, tiene contador de visitas que ofrece buenos resultados, pero el hecho de que tantos de ustedes hayan ido un poco más allá y me sigan el juego con el test de la semana pasada, resulta halagador, aunque también me provoca algo de mala conciencia hacerles perder el tiempo.

Reconozco que el test era una combinación difícil de preguntas, algunas muy jurídicas y otras muy técnicas, pero supongo que ninguna les ha sorprendido demasiado. Creo que todos o casi todos los temas, les sonaban.

El rango de resultados va desde 2/10 respuestas acertadas a un 9/10 (2,1% de las respuestas). Nadie ha acertado todas las preguntas. La media de resultados ha quedado en un 5,72, siendo el 5 la nota más frecuente, con un 25,5% de las respuestas.

La primera pregunta, la de las elecciones, con toda sinceridad, era una pregunta de control. Pensaba que todo el mundo acertaría, tanto que se ha hablado de la posibilidad de un “super-domingo” electoral, con 5 urnas en cada mesa. Ha tenido un 51,2% de aciertos.

La segunda, la relativa al certificado electrónico, es en la que más aciertos se han producido. Un 95,3% No necesita mucha explicación: las tarjetas de firma electrónica son personales e intransferibles. Es una pregunta que tiene que ver la responsabilidad y con el hecho de que no terminamos de hacernos a la idea de que con la tarjeta de firma y el PIN nos pueden suplantar casi para cualquier cosa.

La tercera trataba de las reglas de desarrollo reglamentario y un poco sobre competencias. Sí, el RD 833/1988, que desarrolló una norma legal por dos veces derogada, sigue estando parcialmente en vigor. La mayoría de las respuestas dieron en la clave, un 60,5%.

La cuarta pregunta era, con toda seguridad la más difícil. De hecho la respuesta correcta, “5 de abril”, no ha sido la más elegida, Les cuento un par de cosas respecto a los plazos:

 

El artículo 5.1 del Código Civil, desde su reforma de 1974, dice:

5.1. Siempre que no se establezca otra cosa, en los plazos señalados por días, a contar de uno determinado, quedará éste excluido del cómputo, el cual deberá empezar en el día siguiente; y si los plazos estuviesen fijados por meses o años, se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último del mes.

Pero, si buscamos detalles y precisión, hay que consultar el artículo 30 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo. En concreto, el artículo 30.2 dice:

30.2. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.

Y el 30.3:

30.3. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.

Y un artículo más de la Ley 39/2015:

43.2. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido.

Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Y, teniendo en cuenta esas premisas, ahora ya sólo es cuestión de contar. Tenemos el punto cero y tenemos la medida que debemos usar:

Para resolver la quinta pregunta, la del Reglamento 1357/2014, no bastaba la lógica jurídica. Cierto. Había que haber profundizado algo más en regulación de residuos para poder elegir entre a) y d)… pero no me negarán que las otras dos son claramente erróneas. De todas maneras, la mayoría acertó que todas eran falsas… salvo la última: Un 55,8%

En la quinta nos metemos en Seguridad Industrial. Un mantra clásico de las normativas reguladoras de instalaciones industriales es que, si bien cada vez que cambia la normativa hay que adaptar el régimen de inspecciones y papeleo en general a lo dispuesto en la nueva norma, las instalaciones, “los hierros”, seguirán comprobándose contra la normativa técnica vigente cuando se legalizaron, a no ser que realicemos una modificación importante en aquellas. Sorprendentemente, la respuesta más elegida fue la “c). Al haberse aprobado la APQ10 de recipientes móviles y ser los GRG/IBC recipientes móviles y además, ser más exigente, hay que cambiar la legalización a la norma nueva.”, con un 45,2%. Parece que le han cogido el gusto a eso de hacer papeles.

La séptima pregunta incide en un tema clásico del debate competencial en el estado de las autonomías. El sistema de legislación básica que da carta de naturaleza constitucional a diferencias competitivas entre empresas por el mero hecho de ubicarse en diferentes Comunidades Autónomas, aunque compitan en un mercado único.

En aquellos ámbitos en los que el Título VIII de la Constitución prevé la competencia de legislación básica estatal, pero de desarrollo y implementación por parte de la CCAA, implica que en todas ellas deberá aplicarse el mínimo marcado por la norma estatal y, sobre ella, podrá reforzar el nivel de exigencia.

No quiero alargarme, pero con un ejemplo se entiende mejor. Supongamos que dos socios, tras mucho años compartiendo un negocio ubicado al pie de la N-111 en el municipio de Oyón, Álava, deciden separarse y, el que se marcha instala su nueva fábrica al otro lado de la carretera, Logroño, La Rioja: Mismos clientes, mismos productos, mismos proveedores, mismo almacén, apenas 20 metros de distancia y uno tendrá que hacer Plan de Autoprotección y el otro no.

La séptima explica cómo aplicar el principio de legislación básica, cuando el legislador autonómico utiliza criterios diferentes para regular. Entonces hay que ir requisitos por requisito elegir el más restrictivo. Acertaron un 53,5% de las respuestas.

Respecto a la octava, la correcta, la b) ha sido la más elegida (51,2%) por estrecho margen respecto a la a) (48,8%), las dos únicas que han sido votadas. No, no tenemos obligación de dejar entrar en nuestras instalaciones que no sea funcionario público… ahora bien, si nos negamos a recibir a la empresa consultora por las buenas, recibiremos en breve una visita de los inspectores públicos, por las “malas”… ustedes mismos.

La novena… en fin, la novena no tiene una respuesta tan clara como tenía antes. Yo les he puesto como correcta mi opinión, que coincide con la del 62,8% de los encuestados, pero la Ley 39/2015 coló una “anchoa” en la regulación del silencio administrativo que va a traer cola… ya se lo contaré con calma.

Y la décima y última, tanto la c) como la d) son correctas pero es usual que en derecho del trabajo suceda que, teniendo razón, no podemos imponerla. El 93,0% de las respuestas eligieron la d). Supongo que por experiencia más que nada.

 

Yo les recomendaría apuntarse al curso de Derecho para Químicos que impartimos el 12 de abril… pero ya saben que no soy objetivo. Sólo puedo prometerles saldrán con una forma diferente de enfocar su día a día y, probablemente, un ahorro de tiempo considerable.

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Derecho para químicos

 

Una de las cosas que intento explicar en el Curso de Derecho para Químicos/as que impartimos en AVEQ-KIMIKA es que el respeto a los procedimientos es la única garantía de derechos. Son una pesadez, son un rollo… pero no queda más remedio.

El imperio de la ley, por ejemplo, en la imperiosa necesidad de que se respeten los procedimientos de reforma de constituciones y estatutos, es garantía de que la convivencia democrática no se convierta en el abuso del más fuerte, incluso aunque el más fuerte lo sea por ser mayoría.

Por muy insatisfactorio que sea el gobierno, por muy injusto que nos parezca, por mucho que alguien se “sienta” respaldado por enormes manifestaciones en la calle, nunca será legítimo que se autoproclame presidente de nada, si no respeta el procedimiento democrático.

De la misma manera que no puede ser legitima la decisión de un presidente, aunque haya sido elegido con todas las garantías, que modifica la constitución a su antojo, tratando de intervenir en los tribunales o creando una cámara “constituyente” porque los resultados de las elecciones legislativas no le gustan.

Ley Orgánica 3/1979. Art. 10.14. dice: “La CAPV tiene competencia exclusiva en las siguientes materias: Organización, régimen y funcionamiento de las Instituciones y establecimientos de protección y tutela de menores, penitenciarios y de reinserción social, conforme a la legislación general en materia civil, penal y penitenciaria”. Eso, se lea como se lea, dice lo que dice y es ley desde hace 40 años… instar a su incumplimiento porque no coincide con mi ideología es un absurdo. Si consigues convencer a gente suficiente y llegas a la mayoría suficiente, cambia la ley y punto.

La convocatoria de un referéndum de autodeterminación implica, cuando menos, la reforma del estatuto de autonomía que da legitimidad al parlamento que lo convoca… ¡qué menos que respetar las mayorías que el propio estatuto prevé para su reforma!… (de 3/5 en el caso que todos están pensando, por si se lo preguntan…).

Y alguien práctico, pero poco demócrata, dirá… pero es que es imposible convencer a los otros partidos de cambiar esas leyes y, aunque somos mayoría, no tenemos la “mayoría” suficiente… y habrá que responderle: es que, para eso, precisamente, se ponen esas mayorías reforzadas, para garantizar los derechos de las minorías. Convivir en democracia es así de difícil, me obliga a entenderme y llegar a acuerdos con el que piensa diferente. Una puñeta.

No es que el imperio de la ley esté por encima de la democracia, de hecho, está por debajo porque, sin imperio de la ley que le de fundamento y base, la democracia no funciona, la democracia no es tal.

Pero me estoy yendo por los cerros de la política… y no quería. Voy a proponerles una prueba. Un test. Son solamente 10 preguntas respecto a algunos de los fundamentos básicos de conocimientos jurídicos que cualquier técnico que trabaje en, o para la industria debe conocer para gestionar normativa con eficacia. Si aciertan 6 o menos, les espero el día 12 de abril en nuestras oficinas de Bilbao. Para saber más: ficha, circular con los detalles del curso y formulario de inscripción on-line.

La encuesta es completamente anónima y, bueno, prometo publicar los resultados totales en la próxima entrada de este modesto blog.

 

Test Derecho para Químicos 2019

 

 

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